lunes, 19 de octubre de 2009

La seguridad social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para satisfacer estados de necesidad.
Es así como la concepción universal respecto del tema, ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto, siempre se concibió al Estado como el principal – si no el único – promotor de esta rama de la política socioeconómica, puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la planificación general de éste. Sin embargo, no siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado.
América Latina toda participa del planteamiento anterior, situación que durante los últimos 20 años llevó a un creciente número de países, bajo distintas fórmulas y mecanismos, a buscar soluciones que permitieran el cambio, desde un sistema estatal y protector, por uno privado y competitivo, donde los trabajadores accedieran a una efectiva libertad de elección, participando además de su financiamiento y, eventualmente, de la propia gestión y administración de sus aportes.
Insertándose en este proceso, Chile cambió el curso de su historia previsional.

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